22.03.2012
¡LA LIGA SFC SOMOS LOS PRIMEROS FIRMANTES DE LA DENUNCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SANIDAD CATALANA
La Liga Síndrome de Fatiga Crónica (LigaSFC) tenemos el privilegio de ser los primeros firmantes denuncia que se ha presentado hoy, 21 de marzo del 2012 ante la Fiscalía Superior de Catalunya para que se inicien diligencias de investigación ante los gravísimos hechos que están ocurriendo en la sanidad pública catalana (recortes, privatización, etc)e la . Las asociaciones de vecinos Plataforma en Defensa de la Barceloneta y Associació de Veins de l’Òstia de la Barceloneta, son otros de los grupos que firman la denuncia.
En esta denuncia de 73 páginas con más de 400 páginas de documentos anexos, ha sido elaborada en un proceso colectivo entre nuestras asociaciones y ciudadanas/os anónimas/os, personas desempleadas, trabajadores precarios, trabajadores de la sanidad, asociaciones vecinales, asociaciones de enfermos, un grupo de trabajo de Democracia Real Ya Barcelona y otros espacios y grupos del movimiento 15M catalán. Juntos hemos formado la Plataforma de Afectadas por Recortes Sanitarios (PARS).
La Liga SFC hemos querido sumarnos a esta denuncia, no sólo porque cualquier recorte y privatización de la sanidad pública nos hace daño como a cualquiera, también porque somos el colectivo de enfermos y enfermas que más años llevamos desatendidos por el sistema sanitario catalán. Las personas que vivimos con el SFC y con los otros dos Síndromes de Sensibilidad Central (SSC), la fibromialgia y las Sensibilidades Químicas Múltiples, somos veteranos supervivientes un trato injusto por la sanidad (listas de espera de 2 años, ninguna analítica ni tratamiento relevante, diagnósticos tardíos y erróneos, falta de atención especializada y de urgencias, forzadas a acudir a la privada con un alto coste, etc). Por eso creemos que tenemos un rol importante en colaborar con toda la ciudadanía en la lucha contra los recortes y la privatización de la sanidad catalana.
En el documento que hemos presentado hoy en la fiscalía, denunciamos un delito tipificado en el artículo 542 del Código Penal, por el cual es un delito el que un funcionario público (como son los altos cargos del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya) impida a una persona el ejercicio de sus derechos constitucionales. El tener acceso a los servicios sanitarios es un derecho constitucional que se está privando a la ciudadanía catalana por los recortes, los cierres de los CAPs, las urgencias y los quirófanos cerrados, los EREs en los hospitales y la privatización que se está llevando a cabo sobre todo en los últimos meses.
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