02.09.2012
Un juez otorga la pensión de invalidez a una asturiana que sufre síndrome químico
El roce de su piel con un simple jabón o aspirar por equivocación el perfume de un desodorante pueden llevar a Marifé Antuña a la UVI de un hospital. Ya le ha pasado. Hasta los medicamentos son para ella peligrosos. Esta asturiana de 50 años y residente en la parroquia de Ruedes, en Gijón, sufre lo que se conoce como síndrome de sensibilidad química múltiple (SQM), una extraña enfermedad, generalmente ignorada por el grueso de los médicos y de la Administración, que hace que su cuerpo reaccione de forma alérgica a un inmenso listado de productos y agentes químicos presentes en el medio ambiente. Desde champús, detergentes, suavizantes o cremas. Incluso, alimentos.
Marifé suele vivir pertrechada tras una mascarilla. Es su único filtro para poder salir al exterior y que su cuerpo lo soporte al menos unas horas. Esta docente, que tuvo que abandonar su trabajo de educadora infantil debido precisamente a esta patología, lleva años luchando para que la Seguridad Social le reconozca su dolencia. Su peregrinaje ha sido largo y tortuoso. «Me han tratado como si estuviera loca», se queja. En 2008, cuando un empeoramiento de su cuadro le llevó a su primera baja laboral, empezó su particular calvario. En este tiempo ha pasado por cuatro tribunales médicos en Asturias. Todos determinaron que estaba apta para trabajar. Pero ahora, un juzgado de Oviedo, el de lo Social número 1, le ha dado la razón. «La actora no se encuentra en condiciones de realizar ningún tipo de actividad laboral reglada», reza la sentencia emitida el pasado 31 de mayo y que ya ha adquirido carácter de firme al no presentar recurso el Instituto Nacional de la Seguridad Social. En el fallo, la magistrada María del Pilar Muiña Valledor reconoce la gravedad de la situación vital de Marifé. «Presenta una pluripatología que no es de nueva data pero que ha evolucionado de forma desfavorable hasta producir limitaciones para el desempeño de su profesión de cuidadora».
Apenas sale de casa
Según recoge el documento judicial al que ha tenido acceso EL COMERCIO, la afectada no sólo padece sensibilidad química ambiental, sino también fibromialgia «en grado intenso, III», unido desde hace nueve años a un síndrome de fátiga crónica asociado a una encefalomielitis mialgica, una enfermedad con más de cien trastornos y que suele producir un 80% de incapacidad. En 2011 se le diagnosticó oficialmente sensibilidad química ambiental. Para ello, Marifé tuvo que acudir a médicos de fuera de Asturias. En concreto, a la unidad de fatiga crónica del Hospital Clinic, de Barcelona, donde le ratificaron lo que muchos reumatólogos, neurólogos y psiquiatras le negaban hasta entonces: lo suyo era una enfermedad «y no algo que mi cabeza se había inventado». Todo esto le ha provocado «una depresión grave, de mala evolución, que le produce angustia, y que hace que solo salga de su casa para acudir a consultas médicas», detalla el fallo judicial.
La sentencia del juzgado ovetense es una de las primeras en reconocer como enfermedad invalidante el síndrome químico ambiental. Además, la jueza toma en cuenta el documento de consenso que sobre la SQM elaboró hace ya algún tiempo el Ministerio de Sanidad. Se trata de un protocolo de actuación «desconocido por los médicos y abogados», abunda la afectada.
Revisión cada dos años
Eduardo López Suárez, letrado de la Liga Reumatológica Asturiana que defendió el caso de Marifé Antuña, destacó la importancia de la sentencia «ya que valora un conjunto de enfermedades entre las que se encuentra el síndrome de sensibilidad química ambiental». El letrado asegura que la sentencia del juzgado de lo Social de Oviedo es una de las primeras en este sentido. «Son dolencias de difícil objetivación, de ahí que los jueces rechacen muchos casos, ya que para declarar una invalidez permanente tienen que tratarse de enfermedades altamente incapacitantes», explicó. En cualquier caso, la Seguridad Social mantiene el derecho a revisar el caso cada dos años hasta que Marifé llegue a la edad de jubilación.
Fuente: El Comercio