Nadie puede sentirse a salvo. Vivimos rodeados de químicos potencialmente tóxicos que, a fuerza de uso, se nos aparecen como normales. Sólo en el mercado europeo hay registradas más de 140.000 sustancias químicas. De la mayoría falta información fiable y se desconocen sus efectos a corto y largo plazo. De otros compuestos se sabe ya que tienen graves efectos sobre la salud. En 2003 Greenpeace analizó el polvo doméstico de un centenar de hogares en cinco países europeos, Francia, Alemania, Eslovaquia, Italia y España. El resultado daba miedo. Laboratorios independientes del Reino Unido hallaron cinco grupos de sustancias de riesgo potencial para la salud. Alquifenoles -usados en cosméticos y productos de higiene personal-, capaces de alterar el sistema endocrino; ésteres de ftalato, usados para ablandar plásticos y peligrosos para el sistema reproductor; compuestos organoestánnicos, estabilizadores del PVC y acaricidas, que resultan dañinos para el sistema inmunológico; sustancias químicas bromadas que atacan al tiroides, y parafinas cloradas, empleadas en plásticos, pinturas y gomas, potencialmente carcinógenas. De media, cada gramo de polvo analizado contenía un miligramo de los cinco grupos citados, así como otras sustancias químicas artificiales, incluidos pesticidas.

 

Un año después WWF certificó la presencia de compuestos tóxicos en la sangre de 14 ministros de Medio Ambiente europeos en la campaña 'Detox'. De las 103 sustancias de siete familias químicas analizadas, 52 estaban presentes en la sangre de los responsables del ministerio español, dirigido entonces por Cristina Narbona. Ella, por cierto, dio los niveles más altos de contaminación química, por organoclorados, ftalatos, retardantes... presentes en alimentos, plásticos, productos de limpieza, pesticidas e incluso en aguas con sistemas deficientes de depuración.

 

De entonces acá «se ha avanzado poco», dice Sara del Río, de Greenpeace. La UE aprobó su legislación REACH en 2006 para obligar a la industria química a registrar todas las sustancias con las que trabaja e identificar sus efectos potenciales sobre el organismo humano y los ecosistemas. «Es un buen instrumento pero los gobiernos han de pisar el acelerador. Desde 2007 apenas se han eliminado del mercado 29 sustancias de las 1.500 que debieran desaparecer. A ese ritmo se necesitarán tres siglos para su aplicación total», concluye.

 

Fuente: El Diario Montañés