09.06.2010
El cáncer por amianto y la responsabilidad del Gobierno de Felipe González

Un compañero afectado por SSQM, nos ha hecho un comentario que parece muy adecuado para esta noticia: "Existe un paralelismo entre lo que sucedió con el amiento y lo que está sucediendo con los afectados de SSQM"

El Estado español desoyó en 1984 las peticiones de los médicos de prohibir la utilización industrial del amianto, tras detectar los primeros casos de enfermedad en los años 70, con el objetivo de evitar el coste económico y laboral de su supresión, que finalmente se llevó a cabo en 2002.

Así lo ha revelado hoy martes el neumólogo Juan Ignacio Camargo Ibarra, durante su declaración como perito en el juicio por la demanda presentada contra Uralita por 47 ciudadanos afectados por amianto de las localidades barcelonesas de Cerdanyola del Vallés y Ripollés, que reclaman indemnizaciones por valor de cinco millones de euros.

"En 1984, los médicos apoyamos la prohibición del amianto, pero no se admitió por cuestiones económicas", ha explicado Camargo, quien ha declarado a petición de Uralita, y matizado que la normativa no incluyó la recomendación por los "costes laborales y empresariales" que podrían derivarse de su total prohibición.

La cantidad permitida

El perito era uno de los tres médicos que entonces formaban parte de la Comisión Nacional de Seguimiento del Amianto, integrada también por representantes de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, así como por las principales empresas que trabajaban con este material utilizado en la construcción, el sector naval o el textil industrial, entre otros.

Así, el entonces Gobierno de Felipe González estableció una moratoria y se limitó a restringir los niveles de exposición de los trabajadores al amianto a una fibra por centímetro cúbico en la Orden Ministerial de 1984 que aprobó el 'Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto'.

En 1962, la legislación permitía una exposición de 175 fibras por metro cúbico. En 1982, se estableció la primera normativa sobre el amianto que fijó la exposición máxima en dos fibras por centímetro cúbico y obligó a las empresas a aumentar la seguridad. En 1993 el nivel se bajó a 0,6 fibras por metro cúbico hasta su prohibición en 2002.

Fuente: El Insurgente