28.06.2010
Bruselas reabre el debate sobre el impuesto ecológico
La Comisión europea tiene previsto estudiar esta semana la creación de un impuesto verde a escala europea que grave las emisiones de dióxido de carbono en los sectores no incluidos en el sistema de comercio de emisiones, como la vivienda o el transporte.
El mes pasado, Bruselas anunció esa posibilidad y se encontró de frente con la oposición de algunos Estados, de modo que el ejecutivo comunitario ha rebajado sus expectativas, aunque mantiene su intención de impulsar el debate entre los 27. Los borradores que se manejan proponen un cambio radical en la política de impuestos energéticos, que ahora tiene grandes variaciones en cada uno de los Estados de la UE, por una tasa única paneuropea.
La idea ronda por las instituciones comunitarias desde hace 20 años, pero siempre topó con los intereses de la industria y con las reticencias de los socios a las injerencias en su soberanía fiscal.
Sin embargo, el momento podría ser el adecuado. Acaba de aprobarse la Estrategia 2020 que se propone construir una Europa verde en los próximos diez años y la UE insiste en ser la abanderada en la lucha contra el cambio climático. Quienes apoyan el impuesto ecológico ven además una nueve fuente de ingresos para los Estados en momentos de ahorro y necesidad de buscar nuevas fórmulas de crecimiento. La Confederación Europea de Sindicatos (CES) pedía esta misma semana a la UE la creación de nuevos instrumentos para financiar la evolución de la industria hacia un modelo más sostenible y garantizar la creación de nuevos empleos en el sector.
Los países nórdicos ya aplican este tipo de tasa desde hace tiempo y Francia lo ha planteado, pero el Tribunal Constitucional echó para atrás el impuesto que se pretendía imponer a las grandes industrias. De momento sigue adelante la idea de imponer a los particulares una tasa de 17 euros por tonelada de CO2 emitida.
Reino Unido y Polonia están radicalmente en contra porque no quieren que estas decisiones se tomen a nivel comunitario. Un caso distinto es el de Polonia, donde el carbón es una de las bases de su industria que resultaría especialmente penalizada.
Fuente:
Euroxpres